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MRG condena rotundamente el intento de desalojo forzoso de una comunidad Maya Q’eqchi pese a la crisis de COVID-19 en Guatemala

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MRG condena rotundamente el intento de desalojo forzoso de una comunidad Maya Q’eqchi pese a la crisis de COVID-19 en Guatemala

[Disponible en inglés aquí]

El 13 de abril de 2020, fuerzas de seguridad privadas que presuntamente trabajan para Industria Chiquibul, S.A., una empresa agroindustrial dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, intentaron desalojar a 200 familias indígenas campesinas de sus hogares en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, en el Departamento de Petén. Hombres, mujeres, niños y ancianos se encontraban entre las víctimas de este violento intento de desalojo ilegal.

A las 7:30 de la mañana, 45 miembros de un comando de seguridad privada se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial autorizando el desalojo. Dispararon armas de fuego para intimidar a los miembros de la comunidad y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.

Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. Habían ingresado al asentamiento de Tierra Blanca para asegurar que los residentes estaban cumpliendo con las medidas de salud pública que el Gobierno de Guatemala ha impuesto por el Covid-19.

“La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19” señala Lara Domínguez, encargada del área de litigio estratégico en MRG. “Los pueblos indígenas se encuentran entre las comunidades más pobres y marginadas del mundo, por lo que son incluso más vulnerables a los efectos mortales del virus. Si este desalojo se hubiera llevado a cabo, 200 familias indígenas en situación de vulnerabilidad se habrían quedado sin hogar, sin un lugar para refugiarse del virus.”

Este intento de desalojo forma parte de un conflicto de tierras entre empresas privadas de aceite de palma y miembros de la comunidad Maya Q’eqchi. “Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales” señala Lara Domínguez. Empobrecidos y desprovistos de tierras para llevar a cabo sus actividades de subsistencia tradicionales, miembros de la comunidad Maya Q’eqchi se han visto obligados a trabajar en las plantaciones de aceite de palma que estas empresas han establecido en sus territorios, a menudo en condiciones deplorables y de explotación.

“En vista de estas graves vulneraciones de derechos fundamentales, el Gobierno de Guatemala debe requerir que las autoridades competentes realicen una investigación a fondo sobre el papel de Industria Chiquibul, S.A. en este intento de desalojo ilegal y la falta de protección de la comunidad por parte de la PNC, asegurando que los responsables rindan cuentas ante la justicia” señala Lara Domínguez. “Además, el gobierno debe evitar que se lleven acabo más desalojos de comunidades indígenas durante la pandemia de Covid-19.”

 

Notas al editor:

Minority Rights Group International (MRG) es la principal organización internacional de derechos humanos que trabaja en la protección de los derechos de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas y los pueblos indígenas. Trabajamos con más de 130 socios en más de 60 países.

Para más información y entrevistas, favor de contactar:

Lara Domínguez, Encargada del área de litigio estratégico, MRG (español e inglés)
E: lara.dominguez@mrgmail.org
T: (+44) (0) 7780561390

Twitter: @MinorityRights

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